Opinión. Una declaración detallada pero poco honesta

Víctor Rosas Vergara.

El documento de los Ex Prisioneros Políticos participantes en la Mesa de Alto Nivel del 19 de junio 2015 no es honesto, pues no explica cuál ha sido la verdadera razón de que la mayoría de las ciudades se mantengan con nuestros compañer@s en Huelga de Hambre a lo largo de todo el país.

Reconocen que el Acuerdo de Rancagua sólo; «fue informado a todos los huelguistas y organizaciones participantes del movimiento». Pero no explica ni reconoce que al firmar el acuerdo sabían perfectamente cuáles eran los reparos de los que mayoritariamente rechazaron el tenor del documento redactado e impuesto por el Gobierno. En efecto, con lo afirmado en su punto 3.- engañan a la opinión pública y a los propios ex prisioneros políticos al afirmar: «3.- Se enfatiza, que la Mesa que preside el Obispo Alejandro Goic y sus acuerdos, serán vinculantes, de reconocimiento, validez y consistencia legal ante el Estado chileno.» Justamente, el principal reparo de los que continúan en huelga de hambre es que el Gobierno NO ACEPTÓ que en el Acuerdo expresamente se comprometiera a la Presidenta de la República a dar su iniciativa a las leyes de indemnización, de homologación de la pensión Valech con la Rettig, de eliminación de la Incompatibilidad de la pensión Valech con la de exonerado político y todas las demás que debiera proponerle la Mesa de Alto Nivel. Nuestra «desconfianza» es muy justificada, pues veíamos que los gestores del Gobierno sólo estaban interesados en terminar con las huelgas de hambre, nuestro más extremo medio de presión, con el fin de tranquilizar la protesta y solidaridad internacional en crecimiento, a pesar de todas las maniobras y presiones a los medios informativos para invisibilizar la heroica lucha de nuestr@s compañer@s en casi todo el país. Ellos mismos, en su declaración, empiezan a mostrar su abierta desconfianza e inseguridad cuando reconocen: «hemos llamado a todos los EXPP del país a mantenerse alertas y movilizados hasta lograr una solución concreta y definitiva a nuestras demandas». Luego, niegan haber claudicado diciendo: «ésta no es una política de desmovilización o capitulación, por el contrario, es una tregua para ir consolidando el terreno ganado y nos declaramos en alerta y en permanente movilización.» Sin embargo, en su incoherencia, afirman:»resulta lamentable, que algunos compañeros EXPP se mantengan en huelga de hambre». Aún más claramente demuestran su propia desconfianza e inseguridad al decir: «ya que el Gobierno, a través de acciones dilatorias, pareciera que está pretendiendo impedir con el cumplimiento a los plazos acordados, y señalamos que en caso de romperse esta Mesa de Alto Nivel la cantidad de EXPP en huelga de hambre será superior, a la de los compañeros que levantaron provisoriamente la Huelga de Hambre». En la Mesa, ya el Gobierno les ha mostrado sus verdaderas intenciones cuando pretendió establecer que el aporte de $1.200.000- sería por la indemnización. Luego, cuando la subcomisión por la llamada ley corta dio cuenta a la sesión del 12 de junio que dicha suma beneficiaría a TODOS los ex prisioneros políticos reconocidos, surgió un grave problema cuando la Subsecretaria Silva declaró que el Gobierno sólo estaba dispuesto a pagar dicha suma exclusivamente a los que actualmente estén percibiendo la pensión Valech; es decir, marginando a todos los ex PPs. que optaron por recibir la pensión de exonerado político y también se excluye de ese aporte estatal a los familiares de los cerca de 10.000 que ya han fallecido. Esa actitud autoritaria de la representante del Gobierno está demostrando también que no se tiene la menor intención de eliminar la arbitrariedad que estableció la ley 19.992 con la injusta incompatibilidad de pensiones (uno de los puntos que se debe legislar). Por eso es que ahora llaman: «a las Organizaciones de Derechos Humanos, Sociales y Políticas, y a la Solidaridad Internacional, a mantener las exigencias, para que el Gobierno cumpla plenamente con los tratados internacionales sobre la reparación integral.» El punto muerto en que quedó la llamada «ley corta», reconocen: «es uno de los motivos por que no se realizó hoy viernes 19, la cuarta reunión de trabajo en la Mesa». Admiten su actual fracaso, al haber desoído las bases y entregarse en manos del Gobierno (que nos ha postergado por más de 25 años), y declaran: SOLOS NO PODEMOS, UNIDOS VENCEREMOS. Eso lo sabemos perfectamente y TODOS estamos muy conscientes que el Gobierno continuará exitosamente dividiendo y desorientando a las víctimas de la Dictadura de Pinochet. También sabemos que es un grave ERROR DEL GOBIERNO, como Estado democrático, seguir eludiendo su responsabilidad con las obligaciones contraídas en los Tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, en especial al ignorar los deberes que contrajo al suscribir y ratificar la Convención Internacional contra la Tortura que en su artículo 14 dispone perentoriamente:

1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otras personas a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales.»

Políticamente, la Nueva Mayoría se comprometió en su Programa de Gobierno en DD. HH. a cumplir con los tratados internacionales y los deberes que allí se le imponen al Estado. La conducta deplorable del Estado de Chile nos avergüenza ante la Comunidad Internacional por el trato indigno que ha estado dando a las víctimas de tortura, mientras favorece la impunidad para los torturadores. De ahí que es necesario buscar la unidad de todo el movimiento de derechos humanos, al margen de las directrices de los partidos políticos que prefieren blindar al Gobierno a costa del sacrificio de los principios de Verdad, Justicia y Reparación. Es un deber impostergable sanear de una buena vez nuestras organizaciones y marginar de ellas todo elemento que se haya infiltrado para perjudicar los intereses de las víctimas. Fraternalmente Víctor Rosas Vergara, Abogado y Vicepresidente de la UNExPP